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  • Ocu Andalucía pide una actuación de choque en la tramitación de ayudas a la dependencia

     
     
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    Ocu preocupada por unas demoras que afectan a personas en especial situación de vulnerabilidad y requieren ayuda inmediata.

    Las demoras en la resolución de los expedientes de solicitud alcanzan ya un año y ocho meses, dos meses más que el año pasado.

    La Delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu) en Andalucía ha trasladado a la Consejería de Inclusión Social su especial preocupación por la dramática demora en la tramitación de las ayudas a la dependencia en la Comunidad Autónoma.

    Según los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), correspondientes al 31 de julio, el tiempo medio desde la solicitud de la dependencia por los administrados hasta la resolución de la prestación en Andalucía se ha incrementado notablemente en el último año. Así, ha pasado de 532 días hace un año a alcanzar los actuales 594 días, superando a Canarias como la comunidad que más retraso acumula. 

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    En este marco, Ocu considera que estas demoras perjudican notablemente la posición económica y social de personas altamente vulnerables, deteriorando notablemente su calidad de vida, al no poder disponer en tiempo y forma de los servicios y prestaciones a los que la Ley les da derecho, dándose la paradoja de que, mientras desciende el número de solicitantes de forma significativa, se incrementan de forma dramática los plazos para ver atendidas sus solicitudes. 

    De hecho, conforme recoge el último informe anual del Defensor del Pueblo, existen numerosos expedientes de dependencia en los que los solicitantes fallecen sin haber podido hacer efectivo sus derechos, con perjuicio propio y de toda su familia. Así, según las estadísticas del Imserso, han sido 1.472 los andaluces muertos esperando una valoración en los siete primeros meses del año.

    Es por ello que, desde Ocu en Andalucía, se ha pedido a la Consejera una reunión al objeto de recabar información directa sobre la situación actual del problema, las soluciones que se tengan previstas para la mejora y regularización del sistema, instando a esa Consejería a adoptar cuantas medidas procedan para garantizar la adecuada protección de los administrados beneficiarios de los procesos afectados con la mayor eficacia y celeridad.

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